mayo 08, 2014

Valparaíso en llamas


A semanas de ocurrida la tragedia, quedaran grabadas en nuestra retina innumerables imágenes que han colocado nuevamente al desnudo al verdadero Chile. Los horrores que pudieron haberse evitado, solo han podido ser mitigados en parte, por la increíble fuerza social colectiva que se ha generado en el despliegue de miles de voluntarias y voluntarios que desde todos los rincones del país se han movilizado para ir en apoyo de nuestros compatriotas porteños.

En momentos en que el duro golpe sufrido por los más humildes de los humildes, por la franja más modesta de nuestro pueblo aun provoca ese dolor que conmueve y deja sin palabras, es preciso hacer hincapié en aquellos elementos que nos permiten identificar responsables políticos de los perjuicios generados por esta gran catástrofe.

Pues en esta tragedia, así como en los hechos acontecidos en el terremoto del 2010, y en el reciente terremoto en el Norte Grande, nuevamente hemos visto como el Estado de la Republica de Chile, por medio de sus autoridades, se ha mostrado completamente impotente, y abiertamente superado por las circunstancias. Ante el pavor de los miles de damnificados, y el estupor del país, otra vez ha quedado en evidencia que el Estado Neoliberal que durante cuatro décadas ha sido construido en nuestro país, se ha mostrado incapaz de resolver hasta las necesidades más básicas de las poblaciones afectadas por estos desastres.

El Gran Incendio de Valparaiso, coloca al desnudo la bancarrota de un Estado Ausente en su rol de garante de los derechos sociales básicos de su pueblo, y muy presente en su “rol” de garante de del orden y la seguridad de los intereses de los grandes capitales.

Derechos como el agua, la luz eléctrica o la vivienda, entregados a la usura y el lucro del capital privado, hoy dependen de los intereses mercantiles de empresas como ESVAL y CHILQUINTA para ser repuesto en su totalidad, relegando a las autoridades a posiciones de meros espectadores en el proceso de restablecimiento de aquellos servicios básicos. O el problema del derecho a la vivienda digna, piedra angular de un proceso de reconstrucción de esta naturaleza, debe ser resuelto por instituciones no estatales como TECHO, fundaciones de caridad, o aportes anónimos, obligando a las autoridades a asumir funciones de gestión y coordinación en la entrega de una ayuda cuya propiedad no les pertenece.

Y más indignante aun es que esta situación de incapacidad se ha visto manifestada en asuntos mucho menos complejos de resolver, como lo son el abrigo y la comida de la gente afectada, donde se ha tenido que recurrir al traspaso masivo de capitales fiscales al gran capital privado, como lo fueron las gift card de vestimenta para compras en CENCOSUD, o la descarada apropiación indebida de miles de alimentos donados por los propios chilenos y chilenas, que en los centros de acopio oficiales fueron embalados en cajas de cartón, para posteriormente ser repartidos a los pobladores con el logo impreso del gobierno en su exterior.

Por su parte la falta de recursos y empresas estatales ligadas al área social, así como administraciones municipales en quiebras financieras históricas, obligan a gestionar los esfuerzos de reconstrucción casi de manera exclusiva en el aporte solidario de la gente. Pues también en estas situaciones los grandes conglomerados económicos aprovecharon la oportunidad para aumentar sus arcas, esperando pasivamente a que el Gobierno les compara lo necesario, y elevando los precios de dichos productos bajo el viejo dogma de la oferta y la demanda.

La ausencia de una política pública efectiva de control estadístico, profundizada por la mundialmente vergonzosa experiencia del Censo fallido de la administración de Sebastian Piñera, obliga a realizar catastros generales, ambiguos e interminables, que dificultan la implementación de la ayuda inmediata y las tareas de reconstrucción.

Este completo abandono del rol fundamental de todo Estado, de garantizar los derechos sociales básicos de su pueblo, hace que hoy mucho más que ayer seamos testigos de esta verdadera bancarrota social en la que se encuentra el actual modelo de institucionalidad pública de nuestro país.

El desafío para los que hemos pretendido forjar desde la movilización popular una alternativa genuina de izquierda para nuestro pueblo, es mucho más grande en esta dimensión. Volver a levantarnos hoy es una tarea imperiosa. Construir desde sus cimientos este Nuevo Chile, que se construya sobre fundamentos y principios que giren en torno a la genuina defensa y promoción de los derechos sociales más elementales de nuestro pueblo.



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