mayo 15, 2014

PONENCIA: LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS

    Trabajado por el Equipo de Educación 
FUNDACIÓN CREA
         Ideas para un Nuevo Chile 

Pensar la educación pública y el rol de las universidades católicas hoy, no puede desmarcarse del importante debate que se ha abierto estas últimas semanas en relación al financiamiento de la educación universitaria.

Estamos enfrentando un escenario que  hace décadas no se daba en nuestro país: un debate público para reformar un pilar central de un modelo de sociedad, como lo es la educación. Pensar el gobierno y dibujar sus fronteras fue una cualidad secuestrada durante mucho tiempo por los consensos de la elite política y por tanto por el bloque dominante. Tuvo que pasar un fenómeno de fuerza extraordinaria, como lo fue el movimiento estudiantil del año 2011 enmarcado en el ascenso de la movilización popular abierta por los estudiantes secundarios el año 2006, para que esa facultad se socializara nuevamente; y que aquí estemos, por fin no sólo levantando consignas, sino debatiendo el fondo de una reforma que podría incluso –dependiendo del nivel de fuerza que se logre tener- convertirse en una realidad.

Fueron años de recomposición política y social, en donde la arremetida neoliberal nos dejó atrincherados levantando consignas de resistencia. El paso de la resistencia a propuestas, y en ello a elementos programáticos sustanciales para cambiar Chile y enrumbarlo a nuevos horizontes, fue uno de los principales avances tras el ciclo de movilizaciones.

De esta forma, los estudiantes levantando consignas programáticas ya han ganado la idea de que la educación debe ser un derecho, por tanto gratuita y sin lucro,  y que el Estado debe ser garante de ese derecho. No obstante, bien sabemos que esta demanda puede materializarse de múltiples maneras, y la consigna de educación gratuita y sin lucro que levantaron los estudiantes con el apoyo mayoritario de la población, puede llegar a cumplirse sin cambiar necesariamente la brújula de este Chile neoliberal.  Por ello, es tan relevante que hoy el debate esté centrado en cómo debe darse ese derecho y en la forma en que el Estado debe garantizarlo.

Pasamos así de la disputa por una idea o demanda social, a la disputa por la forma y fondo de una política pública concreta. Y en ello es importante que no se pierda el protagonismo de quienes lograron instalaran esta demanda.
Esta discusión ha tomado cuerpo en el concepto de lo público, como aquella definición que ordenará el sistema educativo. La educación “pública” se presenta así como la que garantizaría el derecho a la educación y por tanto sería la portadora de ciertos principios, y también –por supuesto- de los recursos del Estado.

Lo primero a constatar en la discusión y en relación al planteamiento que sea “lo público” el eje ordenador, es que su definición ha variado y varía  según los intereses de cada grupo. Que más prueba de esto que las diferentes posturas que hoy vemos sobre el tema. La diversidad de la definición de lo público va desde la crítica liberal al concepto, definiéndolo como el ámbito de la autoridad y por lo tanto como una tiranía sobre la libertad individual; pasando por aquellos que le entregan a lo público la condición de ser el espacio que vela por la diversidad; hasta su homologación con las definiciones de bien común, como algo diferente a la suma de los bienes individuales; o interés general, como aquello cualitativamente diferente al interés privado.

Cada definición trae consigo una forma diferente de pensar cómo debe operar el Estado y en este caso la relación entre el Estado y la educación, ya sea justificando la entrega de recursos estatales a universidades privadas sin ninguna condición; estableciendo un fuerte marco de regulación como condición para entregar fondos a privados; o, simplemente, no considerando a las universidades privadas dentro de lo que se llamará educación pública y homologando lo público a lo estatal. 

Por lo tanto, nosotros partimos de la idea de que lo público no es un concepto unívoco o estático, sino variable, y que su definición depende de los intereses de cada grupo o clase en un determinado contexto. Siendo así muchas veces que lo que se denomina como “interés general”, no termina siendo más que los intereses del bloque dominante disfrazados de interés generales, acogiendo algunas demandas de los sectores subalternos.

En base a lo anterior nuestra primera afirmación es que no basta con definir y basarse en el concepto de lo “publico” para discutir la garantía del derecho a educación, siendo urgente que comencemos desde ya a dotarlo de contenido. Si no avanzamos en dicha senda, el debate actual terminará secuestrado en subterfugios argumentativos, para en definitiva –tal como constatara Alberto Mayol en respuesta al rector de la Universidad Diego Portales- tener una batería de argumentos para pedir el dinero deseado. 

Para nosotros, detrás del actual debate por la definición de lo público se da un debate por la forma que debe adquirir el Estado en la reforma a la educación; forma que, en definitiva, se juega en qué tan abierta va a ser la educación al mercado o no, en qué tan democrático va a ser un proyecto educativo y el sistema de decisiones internos de cada plantel y en qué tan heterogénea va ser la composición de la matrícula, entre otros temas. Y esto es importante porque, como ya dijo Gramsci, la forma que toma el Estado y las ideas que lo rigen son centrales en la conducción o hegemonía sobre la sociedad civil; como bien se ha dado cuenta la derecha en la lectura de este autor.

Pero este debate se da en un contexto determinado, en un Chile que ha culminado su proceso de neo liberación extrema, con el mercado dominando alrededor del 80% de la matrícula de educación superior, y con universidades tradicionales y estatales que en la realidad  han sido abandonadas por el estado y entregadas a las disputas que trae el autofinanciamiento.

Es por ello, que nuestra segunda afirmación al respecto es que  debemos asumir que estos años son fundamentales para fijar la ruta de tránsito entre una educación secuestrada por el mercado –en todos sus niveles- hacia una educación garantizada por el Estado, la cual pueda efectivamente, ligada a un proyecto país, garantizar una educación universitaria y técnica con un modelo donde la matricula mayoritaria la tenga el sistema estatal, garantizando pluralismo, excelencia y coherencia con las necesidades de la población y los diversos territorios.

Este horizonte hoy no lo cumple ni si quiera lo que entendemos como “sistema educacional público” y por tanto lo que hemos de reformar es todo el modelo: Debemos tener una Reforma Educacional de raíz.

Es por ello que consideramos que el debate lo debemos enfrentar buscando instalar un modelo transitorio que nos permita avanzar a dicho horizonte y que por tanto cambie la brújula neoliberal que hoy ha guiado todas las políticas públicas y ha condicionado todos los sistemas de entrega de derechos sociales.

Sólo afirmando estos dos elementos, -lo público como un  concepto variable y la instalación de un nuevo radicalmente distinto al actual en base a una ruta transitoria- es que podemos entrar al debate específico de lo público y en ello el rol de las universidades católicas.

Entonces, ¿qué proponemos nosotros para lo público? Nuestra principal preocupación es que, siendo lo público un concepto en disputa, su definición permita garantizar la educación como un derecho social, es decir, que la educación responda al interés de las mayorías y que, por lo tanto, no se rija por el mercado que sea gratuita y no lucre. Creemos que esto sólo se puede lograr democratizando la discusión sobre la reforma universitaria y sobre el proyecto educativo de las futuras universidades reformadas. Entendemos así que los centros de educación superior podrán avanzar a ser entendidos como públicos –y en ello por tanto recibir recursos- sólo de la mano de aperturas democráticas que permitan equiparar la fuerza de los actores sociales de la educación, ayudando así a quitarle peso a elite política, a los intereses privados y al mercado en ésta.

Para esto resulta central que la reforma considere un sistema de acceso a las universidades que cambie la matrícula universitaria, permitiendo la entrada en igualdad de condiciones de los sectores populares, hoy marginadas. Esto puede lograrse con la masificación de los propedéuticos, esta vez financiados por el Estado. En el mismo sentido, la gratuidad también cumple un rol de inclusión, al eliminar la capacidad de pago de cada familia como un filtro de entrada. 

Nos parece también que el financiamiento basal a la investigación y extensión juega su rol en la democratización del conocimiento, hoy concentrado en un par de universidades de Santiago. Esto permitiría que cada región del país investigue y se vincule con la sociedad de acuerdo a las prioridades de su territorio.

Finalmente, en cuanto al proyecto educativo, creemos central generar aperturas en la comunidad universitaria, democratizando el consejo académico por medio de estatutos triestamentales e incluyendo también a la sociedad civil en esta comunidad, por medio de consejos de la sociedad civil que incluyan representantes de organizaciones territoriales, culturales, sindicales y empresariales. Entendiendo a lo empresarial como un actora más de la sociedad civil, no como el actor totalizante que es hoy.

Ya diciendo eso, y entrando a la discusión sobre qué hacer con universidades privadas y en particular con las confesionales, creemos que la instauración de la educación como un derecho con todos estos criterios y con el sistema de financiamiento directo a las instituciones asegurando la gratuidad, debe partir desde la red de universidades estatales, haciendo todas las transformaciones necesarias en estas para encaminarlas como el ejemplo del nuevo sistema reformado que deberemos tener para todos y todas.

Esto no significa que en  este periodo de trasmisión hacia un nuevo modelo de educación, no se deba financiar a las universidades privadas y católicas, pero para ello éstas deberían decidir acogerse a un modelo de gobierno universitario democrático cumpliendo con todos estos criterios. El Estado no puede financiar la exclusión ni entregarles recursos a grupos controladores. Ya sea la exclusión de grupos de la sociedad, por medio del acceso, o de la comunidad universitaria en la discusión del proyecto educativo. Se acogen a una normativa  de aperturas democráticas o simplemente no puede recibir recursos del Estado.

En el caso particular de la Universidad Católica de Santiago, el grupo controlador es la iglesia, y por más que se diga que ésta no intervine en los procesos académicos, sigue por ejemplo, siendo el Papa el que elige el rector,  lo que tiene como resultado que no haya debate sobre el proyecto educativo del plantel. Bajo esas condiciones, creemos que esta universidad no debería recibir financiamiento estatal hasta que cambien esa lógica.

Ahora, nadie puede decir que esto es imposible o es pedirle a las universidades católicas que dejen de serlo. Prueba de ello es que en las universidades católicas existen diferentes formas de gobierno universitario. Basta ver la historia de este mismo plantel en las reformas del 67, cuando Castillo Velasco fue elegido como rector por la comunidad, generando luego reformas que permitieron a la comunidad universitaria tener un rol más activo. La elección de Velasco fue ratificada por el Papa vía un acuerdo político con el entonces arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez: ello mostró que la UC no se desarma por democratizarse. Creemos que una Universidad Católica como la del 67 hasta el 73 sí podría ser financiada por el Estado en este periodo. Pero una universidad donde el grupo controlador impone un proyecto universitario, no.


Si enrumbar a Chile a un modelo neoliberal implicó una arremetida del mercado en todas las esferas, hoy para materializar el cambio de brújula hacia un modelo de sociedad donde efectivamente se garanticen los derechos sociales,  hay que arremeter de manera democrática desde el Estado y la población en los planteles que deberán en un futuro próximo ser parte del nuevo sistema educacional chileno; ese sistema  ese justo, democrático, sin exclusión, gratuito, de excelencia y sin lucro que por tantos años se ha demandado.

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